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Solicitud De Jueces Stf Para Operadores Celulares Contra Roturas Confidenciales En La Trata De Personas

El Tribunal Supremo juzgará el jueves (17) una apelación de la Asociación Nacional de Operadores Celulares, ACEL, para prevenir a los oficiales de policía y miembros de la Oficina del Fiscal Público (MP) obtener un secreto de datos personales por la trata de personas. Según la Asociación de Compañías, la ley que da tal poder para las autoridades contienen vicios constitucionales.

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ACEL presentó la solicitud en 2017, afirmando que la Ley 13.344, que entró en vigor un año anterior, contiene inconstitucionalidades y Feasures Principios legales de privacidad y confidencialidad de las comunicaciones. El Ministro de Supremo, Edson Fachin, quien es el Relator de la Acción en la Corte, analizó la apelación y solicitó la manifestación de la promoción general de la Unión (AGU) y el Fiscal General de la República (PGR) con el fin de Investigue las preguntas para el juicio.

El presentador general de la República en ese momento, Raquel Dodge, le dio una opinión mediante la solicitud de la solicitud. Afirmó que la Constitución Federal garantiza la protección inviolable de la comunicación de datos, no la propia información.

La solicitud luego regresó al STF, aún bajo los informes de Fachin; El que permitió la participación de la Asociación Nacional de Delegados de la Policía Federal (ADPF) y el Defensor público de la Unión (DPU) en el juicio, marcado para el 16 de junio.

El abogado de ACEL dice que la ley es “cierto el representante de La Asociación de Asociación de Operadores de Telefonía Móvil y Fija, el abogado Rodrigo de Bitstencourt, argumentó que la ley que rompe el secreto de los sospechosos de la trata de personas es una “carta en blanco verdadera” para que las autoridades accedan a todos los datos de los ciudadanos tomados como sospechosos.

Para el defensor público federal Bruno Ferreira, quien habló por la DPU, para eliminar esta autorización para romper los datos debilita la lucha contra el delito del tráfico internacional de personas. Señala que esto socavaría la ejecución de contramedidas con la misma efectividad de los delincuentes. Que este tipo de información estuviera presente en las listas de teléfonos.

Después de los argumentos del Fiscal General del Vice-Fiscal y el defensor público, la sentencia en el STF fue suspendida y debería ser el primer punto votado por los ministros el jueves (17).

con información: STF